Cerdanyola i els seus abocadors
Can Planas es una gran extensión de terrenos ubicados entre el Sincotrón Alba y la localidad de Cerdanyola del Vallès, justo al lado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre los años ochenta y comienzos de los noventa muchas empresas lo utilizaron para depositar los residuos de su actividad industrial. Durante todo ese tiempo los enormes "cráteres", de hasta 35 metros de profundidad, generados por la extracción de arcilla por la empresa Ceràmiques Sugrañes, entre otras, se convirtieron en el punto de peregrinación para muchos transportistas que, según testimonios, venían incluso de Francia para depositar aquí miles de toneladas de residuos.
Hasta el 1982 esta actividad estuvo incontrolada a pesar de las quejas de los vecinos de Cerdanyola, a los cuales les llegaban de forma regular fuertes olores procedentes de las sustancias que se vertían. A partir de ese año -al menos teóricamente- las administraciones públicas implantaron un cierto control, definiendo las materias que se podían depositar y las que no. Pero en la práctica esta regulación tuvo siempre efectos limitados. Según testimonios de la época, "Por la noche se abrían las puertas a transportistas que aportavan sustancias de todo tipo".
El vertedero se clausuró finalmente en el año 1996 y se tapó con una capa de tierra. Debajo quedava una masa monumental de sustancias de todo tipo, de 18 hectáreas de superfície y unos 14 metros de profundidad (de media), que seguían reaccionando químicamente.
En el año 2000 el Ayuntamiento de Cerdanyola presenta un projecto de urbanización de la zona (conocida con el nombre de Centro Direccional) que incluye un elevado número de viviendas, equipamientos públicos e "industria limpia". Diversas organizaciones ecologistas responden a este proyecto argumentando la necesidad de preservar el corredor biológico natural conocido como Vía Verde.
En el 2003, a partir de la presión ciudadana que ejerce la organización Cerdanyola Via Verda, un nuevo consistorio modifica el proyecto para ampliar la Vía Verde. El mismo año el Centro Tecnológico de Manresa redacta un informe técnico diciendo que construir en esos terrenos puede ser peligroso.
En el 2004 el problema estalla de forma definitiva, cuando delante de un barrio residencial, justo en el Torrent de Can Magrans (un pequeño riachuelo) aparece del subsuelo un manantial de aguas pestilentes procedentes del vertedero que evidencian la mala gestión y las condiciones del mismo.
Como resultado de este hecho y a partir de diversas discusiones plenarias, en el 2007 se crea la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors, cuyo objetivo es denunciar el riesgo de urbanizar en esos terrenos, e intentar que se paralice cualquier tipo de actividad urbanística hasta que no se vacíe el vertedero. Consiguen que el Ayuntamiento encargue un nuevo informe a la empresa vasca IDOM.
El resultado del informe: en Can Planas hay 18 hectareas de suelo subterraneo contaminadas por una gran variedad de sustancias que suman más de 2,5 millones de toneladas de residuos peligrosos para la salud y el medio ambiente (metales pesados, hidrocarburos, gases explosivos, sales de aluminos, etc). El informe también propone diversas soluciones: desde no hacer nada y no construir en la zona -que debería ser aislada en un perímetro de seguridad de 54 hectáreas (perímetro que actualmente alcanza el barrio residencial adyacente y las puertas del Sincotrón), hasta vaciar completamente el vertedero, que comportaría 3 años de trabajo y un coste de aproximadamente 190 millones de euros. De todas maneras, según sus características, se tiene que declarar por ley suelo contaminado y, por consiguiente, proceder a su restauración.
Finalmente el consistorio del Ayuntamiento opta por una solución mixta (o que beneficie tanto a la sociedad, al medio ambiente y sobretodo a la economía: sellar la parte superior y los laterales del vertedero (¡pero no la parte inferior!, cosa que seguiría implicando la contaminación de las aguas subterráneas de la zona por la infiltración de lixiviados) y no construir encima del vertedero, pero sí alrededor. Simplemente una solución que se adaptase a las exigencias económicas y al desarrollo del plan urbanístico, saltándose por alto el perímetro de seguridad del Sincotrón y las soluciones más eficientes para el medio ambiente y la salud que indicaba el Informe IDOM. La Plataforma Cerdanyola sense Abocadors rechaza esta propuesta y continua defendiendo el vaciado total del vertedero, alegando que otra solución no acabaría con los problemas derivados de salud. Más tarde se detuvo el programa de restauración parcial del vertedero y también de urbanización a esperas de una nueva consulta.
La Plataforma defiende la tesis de que los peligros del vertedero son evidentes hoy en día aunque no se construya nada en esos terrenos. En Can Planas hay dos chimeneas por las cuales emanan los gases que provienen de las reacciones químicas de los residuos del subsuelo (algunos de los cuales en concentraciones elevadas pueden ser incluso mortales). La dirección del viento hace que lleguen a Cerdanyola, y se cree que podrían ser los causantes de diversas patologías médicas detectadas en la ciudad. Se sabe de la mayor cuantía de enfermos de cáncer que hay en la localidad respecto a otras de la misma zona, asimismo como de enfermos de Sensibilidad Química Múltiple y fibromialgia. Pero desde el Ayuntamiento y la Generalitat remarcan que esas estadísticas no se corresponden con la realidad, y que la calidad del aire no comporta ningún peligro sanitario (aunque un informe de Cerdanyola del verano del 2012 indica todo lo contrario). Además, los límites del vertedero se han modificado tres veces, pues no se puede saber con certeza hasta donde llega la zona contaminada debido al contacto con las aguas subterraneas, y por consiguiente no se tendrá la garantía absoluta de que se acaba o no construyendo en zona afectada por el vertedero.
A nivel mediático las notícias sobre el problema comenzaron a aparecer con más frecuencia a partir de las fugas de 2004 y de la creación de la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors. Tanto las posturas de los partidos políticos de la localidad, el trabajo de la Plataforma, la participación ciudadana, los actores implicados y la ebullición de información comprometedera, ha ido evolucionando dentro de un contexto de fuertes intereses políticos y económicos enfrentados con problemas ambientales y sociales.
En el curso que va desde finales del 2011 al 2012 , la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors hizo un esfuerzo titánico para mostrar a la ciudadanía el problema. Junto con el apoyo incansable de la población cerdanyolenca, expresado en gran cuantía con el activismo altruista del movimiento 15-M, se consiguió, entre otras cosas, evitar el traspaso de las competencias del Ayuntamiento sobre el planeamiento de la zona contaminada a la Generalitat (algo que hubiese supuesto un retroceso democrático importante a la hora de decidir qué hacer con dicha zona). También se logró establecer un Acuerdo de Pleno en el consistorio (que llegó a la Generalitat) para declarar la zona de Can Planas como suelo contaminado. Pero la burocracia, los intereses político-económicos y el rechazo interesado de la Agencia de Residuos de Catalunya están impidiendo a fecha de hoy proseguir con el trámite. Finalmente, el encargo del nuevo estudio se ha llevado a cabo. Un nuevo estudio que antepondrá sus conclusiones al extenso Informe IDOM (que ya decía cuál era el estado del vertedero y que se debía hacer) y que ha creado una comisión ciudadana cuyo objetivo literalmente escrito es conciliar la opinión pública con el futuro planeamiento de la zona contaminada Todo esto hace sospechar a la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors que se está intentando llegar a la etapa final de la resolución del problema de Can Planas sin tener en cuenta los informes científicos independientes y exhaustos como el Informe IDOM y otros muchos que se hicieron y que señalan ya la situación ambiental del vertedero y los responsables jurídicos (estudio hidrológico de la zona, informe jurídico de Concha Puebla, informe técnico de Manresa...). Parece que la administración está apostando por el vacío democrático, la falta de criterio científico y la evasión de responsabilidades en un problema que ha afectado y afecta a toda una población. En la actualidad nos encontramos en una situación muy delicada. La actividad de la administración es intermitente y la información que se ofrece a la ciudadania es muy escasa. Nos encontramos con la incertidumbre del desarrollo urbanístico y con el extrañamiento de la requerida restauración ambiental. Los intereses económicos son muy grandes y entre los actores implicados hay un gran desequilibrio de fuerzas. La Plataforma Cerdanyola sense Abocadors, creada a partir del problema como medio para expresar la voz de la ciudadania, lucha para solucionar el problema, sabe que la administración pública y las empresas privadas que gestionan el territorio tienen unos objetivos económicos que ignoran la salud del medio ambiente y de la sociedad, y asimismo exige el vaciado total del vertedero como única solución al problema ambiental para garantizar la salud de las personas y del territorio tanto si se quiere proseguir con el plan urbanístico o preservar el entorno natural.